El matutino El Caribe se hace eco amplio en su edición de este día, de la denuncia coincidente que hacen por separado varios propietarios de tierras en el municipio de Higuey. Todas apuntan en la misma dirección: la ocupación ilegal de sus predios por parte de bandas armadas de mafiosos en unos casos y en otros, de grupos que se inscriben dentro del tradicional y abusado “padrefamilismo”.
No se trata de una situación novedosa, de un delito de nueva factura. Si algo hay tan viejo en el país como los apagones son las invasiones ilegales, en no pocos casos alentadas por un populismo demagógico o con claros fines de perturbación política. Esas invasiones casi nunca son de solares yermos e improductivos, sino de fincas en producción y debidamente tituladas cuyas cercas son destruídas y dañados sus cultivos.
Lo más grave de todo es cuando frente a situaciones de esta naturaleza los afectados no reciben el debido amparo por parte de las autoridades, ya sea por desidia, complacencia política y aún complicidad con los invasores. En otros casos, llevados a la Justicia, éstos son descargados o reciben sanciones tan leves que constituyen una especie de patente de corso para continuar con tales prácticas.
La situación que ahora denuncian propietarios de Higuey tiene mucho que ver con el incremento notable del valor de la tierra en ese municipio y en general, en la provincia de La Altagracia debido al auge de la industria turística en esa zona. Terrenos que antes se cotizaban a diez o veinte pesos el metro, ahora han visto multiplicado su precio hasta alcanzar varios miles. Toda una atractiva oportunidad para que los invasores obtengan un jugoso beneficio, ya sea traspasando a terceros en forma amañada, ya reclamando una sustanciosa indemnización por desalojar las parcelas ilegalmente ocupadas.
En este escenario también, según los denunciantes, juega el desamparo en que se encuentran frente a estos desmanes por parte de autoridades que o no hacen el menor esfuerzo por proteger sus derechos violentados, o lo que es peor, dan la impresión de proteger a los invasores. Se recuerda que hace algunos años, un Abogado del Estado llegó inclusive a justificar las ocupaciones ilegales de tierras de propiedad privada, alegando que en el caso de gentes sin hogar por encima del derecho de propiedad debía primar a su juicio lo que calificaba de un derecho social.
A toda esta perniciosa situación de inseguridad jurídica., contribuye el gran desorden, el auténtico caos de los registros de propiedad inmobiliaria. No hace mucho se reveló que los títulos de propiedad registrados comprenden más de 73 mil kilómetros. Tan voluminosa cifra supera en más de un cincuenta por ciento la superficie del territorio nacional. Obvio por consiguiente, que muchos de esos títulos son falsos. Y si bien de hace unos años a esta parte, con el apoyo financiero y técnico del BID, se ha estado llevando a cabo un programa de depuración y titulación computarizada de la propiedad inmobiliaria, todavía hay un largo y complicado trecho por recorrer en esa dirección.
Volviendo al caso de Higuey, tan grave como la denunciada ocupación ilegal de tierras de propiedad legítima, es la del estado de indefensión en que se encuentran los titulares de las mismas. Obligación del Estado es proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos. En ello radica la seguridad jurídica. Y ésta debe ser regla de oro en toda sociedad organizada. Lo de Higuey no es más que botón de muestra de lo que ocurre con frecuencia en el país, poniendo bajo cuestionamiento el estado de derecho y legalidad requerido para garantizar la auténtica paz social sobre todo cuando la autoridad deja de ser su celoso guardián.
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