El matutino El Caribe se hace eco amplio en su edición de este día, de la denuncia coincidente que hacen por separado varios propietarios de tierras en el municipio de Higuey. Todas apuntan en la misma dirección: la ocupación ilegal de sus predios por parte de bandas armadas de mafiosos en unos casos y en otros, de grupos que se inscriben dentro del tradicional y abusado “padrefamilismo”.
No se trata de una situación novedosa, de un delito de nueva factura. Si algo hay tan viejo en el país como los apagones son las invasiones ilegales, en no pocos casos alentadas por un populismo demagógico o con claros fines de perturbación política. Esas invasiones casi nunca son de solares yermos e improductivos, sino de fincas en producción y debidamente tituladas cuyas cercas son destruídas y dañados sus cultivos.
Lo más grave de todo es cuando frente a situaciones de esta naturaleza los afectados no reciben el debido amparo por parte de las autoridades, ya sea por desidia, complacencia política y aún complicidad con los invasores. En otros casos, llevados a la Justicia, éstos son descargados o reciben sanciones tan leves que constituyen una especie de patente de corso para continuar con tales prácticas.
La situación que ahora denuncian propietarios de Higuey tiene mucho que ver con el incremento notable del valor de la tierra en ese municipio y en general, en la provincia de La Altagracia debido al auge de la industria turística en esa zona. Terrenos que antes se cotizaban a diez o veinte pesos el metro, ahora han visto multiplicado su precio hasta alcanzar varios miles. Toda una atractiva oportunidad para que los invasores obtengan un jugoso beneficio, ya sea traspasando a terceros en forma amañada, ya reclamando una sustanciosa indemnización por desalojar las parcelas ilegalmente ocupadas.
