Las cuentas bancarias del Grupo Cap Cana están embargadas por 139 millones de pesos por un empresario desalojado de unos terrenos de su propiedad, que fue favorecido por el Tribunal Superior de Tierras que le reconoció sus derechos y ordenó al emporio turístico al pago de 8 millones 806 mil dólares.
El embargo fue hecho por el ministerial Roberto Baldera Velez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, a nombre del señor Manuel Emilio Gómez Pion, amparado en la sentencia 2109 del Tribunal Superior de Tierras, mediante el acto de alguacil número 411-2008.
Uno de los bancos notificó a los abogados de Gómez Pión, doctores Ulises Cabrera, Luis Soto, Manuel Cáceres Genao y Jorge Lora Castillo que al momento de la notificación en las cuentas de Cap Cana habían depositados 139 millones 209 mil 031 pesos con 53 centavos.
Esa suma está distribuida en dos cuentas, una de 3 millones 975 mil 080 dólares, más 6 millones 233 mil 951 de pesos.
El embargo fue notificado a todas las Instituciones bancarias por 17 millones 612 dólares o su equivalente en pesos ascendente a la suma de 618 millones 181 mil 200 pesos.
El Tribunal Superior de Tierras acogió la validez de un acuerdo de intención firmado entre las partes el 18 de octubre del 2003 y condenó al grupo Cap Cana al pago de 8 millones 806 mil dólares a favor de un empresario desalojado de unos terrenos.
La decisión fue adoptada por los jueces Virginia Concepción de Pelletier, Luis Marino Álvarez Alonzo y Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas, luego de declarar la validez del acuerdo firmado entre Ricardo Hazoury Toral y Manuel Emilio Gómez Pion.
Según el convenio de intención, Miniari o Cap Cana se comprometieron a pagarle a Gómez Pion 8 millones 806 mil dólares por varias mejoras y la posesión de un millón 761 mil 200 metros cuadrados en la parcela 367-B-15-Ref-32 del Distrito Catastral número 11, Jina Jaragua, paraje Juanillo, en Higüey, amparada en el certificado de títulos no. 73-189, expedido por el registrador de El Seibo.
Ambas compañías se comprometieron a pagar al demandante 5.00 dólares por metro, pero a la fecha no han cumplido con el convenio. Alega Gómez Pion, a través de su abogado Jorge Lora Castillo, quienes sin embargo, procedieron a desalojarlo y destruir su propiedad.
El certificado de titulo, duplicado del dueño, de las mejoras, número 73-189, fue expedido el 25 de noviembre de 1991, por el Registrador de títulos de El Seibo, localizado en la parcela EL DIARIO HORIZONTE
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